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Interview
Frontal, decidida, ambiciosa, outsider de la política y un poco desconfiada. Estas características personales de Romina Picolotti -además del hecho de haber sido abogada de la Asamblea de Gualeguaychú- fueron claves para que el ex presidente Néstor Kirchner la pusiera al frente de la vapuleada Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Quizás esas mismas cualidades fueron las que, a dos años de haber asumido el cargo, le generaron varios enemigos que, por lo bajo, apostaron por su partida luego de su arremetida con la Ley de Glaciares; hacía un año que era investigada en una causa por presunta malversación de fondos públicos, que, aún hoy, lleva adelante la Jueza Federal María Servini de Cubría.
“El desarrollo sustentable debe ser una cuestión de Estado”

Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
“Cuando me ofrecieron el cargo lo pensé mucho con mi familia. Luego dialogué con Alberto Fernández y con Néstor Kirchner cuales eran, a mi modo de ver, las prioridades de gestión. Minería formó parte de la discusión”, explica quien luego de su paso por la función pública se fue con la idea de que sólo se pueden dar vuelta las cosas si se tiene poder político. Entrevistada por Visión Sustentable, asegura que para lograr construir la Argentina que sueña “es indispensable que el desarrollo sustentable sea una cuestión de Estado” al mismo tiempo que reconoce que unos de sus mayores desaciertos en su paso por la Secretaría, fue “abrir varios frentes al mismo tiempo”, sobre todo con el sector minero, amparado por el ministerio de Julio de Vido.
El nombramiento en el Gobierno llegó después de que Picolotti recibiera un premio que le entregó la Fundación Sophie, de Noruega, por su lucha en temas ambientales y de derechos humanos. Convencida que el ambiente es un bien público, el cual el Estado debe garantizar, asegura que “no se puede hablar de justicia social cuando la mayoría de los argentinos no tiene condiciones básicas ambientales, es decir, cloacas, agua potable, vivienda, espacios verdes, recolección de basura y calidad de aire” al mismo tiempo que enfatiza que “ambiente no es sólo proteger ballenas, ambiente tiene que ver con el bienestar del ser humano”.
- ¿Qué significó, en lo personal, su paso por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable?
- Viví momentos de gran desazón. Pero también me permitió hacer cosas que soñaba por mi patria. Yo no provengo de la política y siempre estaré agradecida por esa oportunidad. Soy consciente de que aún queda mucho por hacer en desarrollo sustentable, ya que implica necesariamente una sumatoria cotidiana de esfuerzos sostenidos a lo largo del tiempo.
- ¿Cuáles considera que fueron sus mayores aciertos?
- Es difícil contestar uno mismo esa pregunta. Trabajamos principalmente en tres pilares: fortalecimiento institucional, prevención de la contaminación y remediación. Para ello, por ejemplo, creamos de la Unidad de Inspectores Ambientales. Cuando asumí a la Secretaria el área de Control Ambiental era una oficina de 2x2 con computadoras obsoletas mientras que a los inspectores los contabas con una mano. Al finalizar el primer año habíamos inspeccionado in situ más de 8.707 empresas, aplicamos 646 sanciones, 734 medidas preventivas y 120 clausuras y evitamos que prescribieran 2.000 expedientes con multas. Nosotros pusimos mucho énfasis en la profesionalización de un equipo técnico que forjara una Secretaría capaz de barrer con el imaginario social de que el ambiente en la Argentina estaba librado al azar.
- ¿Qué ocurrió con esos equipos hoy?
- Entiendo que la mayoría de esos equipos técnicos hoy se han desarmado, a los argentinos nos cuesta mucho respetar la continuidad institucional.
- En cuanto a los desaciertos… ¿qué cambiaría, si pudiera?
- Desaciertos… creo que abrir varios frentes al mismo tiempo… minería de oro y plata, glaciares, bosques, energía, basura, riachuelo, papeleras, cloacas, control de industrias, residuos peligrosos, recursos pesqueros, etc…
- Si tuviera que comparar la situación y realidad medioambiental de Argentina y de Brasil ¿cómo lo haría? ¿Incide mayormente contar con un Ministerio -como el caso brasilero- o tiene que ver con una decisión política de crear políticas de Estado serias y sostenibles?
- Lo más importante es contar con la decisión política al más alto nivel. Sin embargo, elevar el rango a Ministerio puede ser el reflejo de esa decisión política. Aunque no necesariamente contar con un Ministerio es la garantía de que exista una política ambiental federal.
LOGROS ALCANZADOS
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Sanción de la Ley nacional de comercialización de pilas.
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Sanción de la Ley de Bosques Nativos.
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Sanción de la Ley de Glaciares, que posteriormente fue vetada.
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Primer inventarios de bosque nativo del país.
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Prohibición de importación de tóxicos escondidos en juguetes a pila.
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Obra de aireadores del Lago San Roque, principal fuente de agua potable de la provincia de Córdoba.
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Clausura de basurales a cielo abierto en la Cordillera de los Andes, Riachuelo, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, entre otras.
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Primer Laboratorio Latinoamericano para medir dioxinas y furanos en la leche materna.
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Inclusión de Educación Ambiental en la currícula escolar.
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Por primera vez se erradicaron 26 basurales caracterizados con residuos peligrosos.
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Creación de la Autoridad de Cuenca Salí Dulce, la cuenca hídrica endorreica más grande de Argentina.
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Créditos Verdes para PyMEs: Créditos a tasa 0 de hasta $ 5 millones para la compara de tecnología que minimizara el impacto ambiental y lograra eficiencia. Comenzaban a pagar a los 6 meses de otorgados.
- ¿Cuándo la Secretaría de Ambiente comienza a trabajar en minería?
- Recién en el año 2006 cuando asumí el cargo, antes nunca se había abordado el tema. A pesar de que la minería a gran escala en nuestro país tiene un impacto ambiental enorme que trasciende el territorio donde opera y permanece en el tiempo.
- ¿Por este motivo se creó una Unidad de Control Minero?
- Sí, la cual estaba liderada por una persona de absoluta confianza, incorruptible. Fue difícil conseguir técnicos, especialmente geólogos pues la mayoría con experiencia está trabajando con las empresas mineras. Tuvimos algunos problemas de filtración de información y traiciones por parte del área técnica, por ejemplo, uno de los geólogos fue cooptado por la Barrick.
- ¿Por qué “molestaba” y preocupaba tanto esta Unidad?
- Desde lo legal intentamos modificar las reglas de juego. Pues el marco legal con el que operan estas empresas, que se sancionó especialmente en la década del 90, garantiza absoluta impunidad desde lo ambiental en zona de glaciares. Propusimos modificaciones al Código Minero, que no prosperaron, proyectos de leyes de evaluación de impacto ambiental y finalmente la famosa Ley de Glaciares. También realizamos intervenciones concretas en el territorio, por ejemplo, cuando se rompió el mineraloducto de la Alumbrera, o apoyando a las comunidades indígenas en Jujuy o a movimientos sociales que promovían cambios de legislación a nivel provincial.
- Esta Unidad de Control Minero de se disolvió…
- Se desmanteló íntegra. Una lástima, las políticas ambientales necesitan ser sostenidas en el tiempo para que tengan sentido. Máxime en este tema, donde la etapa de explotación dura varios años y el cierre de mina implica la permanencia de residuos peligrosos en nuestro territorio.
- Desde la Secretaría apoyaron fuertemente la Ley Glaciares, incluso participaron en su redacción. ¿Qué pasó cuándo la Presidente la vetó, a pesar de que había recibido apoyo unánime en ambas Cámaras?
- Estaba en Brasil en la cumbre de Ministros de Ambiente del MERCOSUR cuando recibí la noticia y escribí mi renuncia en mi celular. Luego tuve una fuerte discusión hacia adentro del gobierno porque era una surgida del consenso, en la cual, yo personalmente había trabajado mucho.
Sin embargo, había gente que pensaba que colaborar con la Presidente era defender la actividad minera a gran escala aunque ello significara destruir nuestros glaciares. Son diferentes concepciones, posiciones incompatibles. Me volví inmediatamente a Buenos Aires, se me solicitó organizar una reunión con los gobernadores cordilleranos, yo interpreté que ese era un intento de rescatar el espíritu de la Ley en defensa de los glaciares. Pero luego de esa reunión me di cuenta que la voluntad era seguir con el status quo que le permitía a la empresas mineras operar con total impunidad en zona de glaciares. Mi permanencia en el gobierno ya no tenía sentido.
- También recibió amenazas…
- Sí, recibí amenazas. Este es un tema delicado que esta siendo investigado por la justicia que involucra además a otra gente, por eso no quisiera hablar de ello.
CUADRO DE VIDA
Romina Picolotti, se graduó de abogada en la Universidad de Córdoba y obtuvo un máster en derecho Internacional en la American University. Trabajó en la ONU y la OEA en el área de derechos humanos.
En 1999 fundó en Córdoba, junto con su marido, Daniel Taillant, el Centro de Estudios de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). Desde allí se vinculó con el conflicto de las papeleras y, por su compromiso en el tema, recibió el premio Sophie, en Oslo. Mientras que ocupó el cargo de secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2006-2008) recibió el premio Protocolo de Montreal y el premio de Protección de Clima, que otorga la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
- ¿Por qué prestó testimonio ante el Parlamento canadiense?
- El parlamento canadiense estaba trabajando en un proyecto de ley para controlar los fondos públicos que reciben las compañías mineras, dado que la mayoría de las compañías que operan en nuestra cordillera son extranjeras y un porcentaje muy importante son de origen canadiense. El Estado de Canadá invierte dinero público en estas compañías, especialmente del fondo de pensiones canadienses -el equivalente al ANSES-. Canadá invierte cientos de millones de dólares públicos en estas empresas mineras, este aporte económico es vital. Este proyecto de ley denominado Bill C-300 intentaba fiscalizar esta inversión pública
- Es decir, que aquellas compañías que no cumplían con estos estándares no recibirían dinero…
- ¿Básico, no? porque el Estado o los ciudadanos mediante el pago de impuestos no deberían ser cómplices de las violaciones de derechos humanos o daños al medio ambiente realizado por empresas, como el caso de Barrick Gold.
- ¿Por qué les interesaba el caso argentino?
- Se abordaron esencialmente dos casos, las violaciones de derechos humanos de compañías mineras canadienses en el Congo, incluyendo violaciones a mujeres, matanzas, secuestros, y el caso argentino, especialmente lo que esta ocurriendo en nuestra cordillera y pre cordillera. Canadá está haciendo algo que debería replicarse en la Argentina o ¿no sería bueno fiscalizar los fondos de inversión del ANSES?
- ¿Cuál es la realidad de esa Ley hoy? ¿Cuál es el próximo paso a seguir después de los amparos presentados por el sector minero? (véase Nota central)
- El primer paso es realizar un inventario de glaciares de manera transparente y oportuna al mismo tiempo que se avanza en el contralor de la actividad minera en zona de glaciares. La Ley establece su prohibición y auditorías en los casos de proyectos en ejecución al momento de su sanción. Esto es clave, porque tenemos mineras que están operando en zona de glaciares, sin siquiera declararlos en sus evaluaciones de impacto ambiental, lo cual es una locura.
- ¿Me puede dar un ejemplo, más allá de Barrick?
- Por ejemplo, la empresa suiza Xstrata presentó un Estudio de Impacto Ambiental de más de 10.000 páginas. Lo revisamos íntegro, no existe una sola mención de que existen glaciares de roca en la zona y ambientes periglacial, cuando nos comunicamos con representantes de la empresa negaron enfáticamente su existencia. Pero los glaciares no los podes esconder con declaraciones altisonantes, simplemente están allí, como claramente lo demuestran las imágenes satelitales de nuestro inventario.
- ¿Cree que la Ley de Glaciares y su dura postura hacia la explotación minera llevaron a que se la terminara alejando del cargo?
- Decía Plutarco “el privilegio, por definición, defiende y protege al privilegio”. Y sin lugar a dudas esto ocurrió cuando se decidió en el 2008 vetar la ley de protección de glaciares. Los privilegios del sector minero son varios, liberación de impuestos, descontrol ambiental, venias para exportar la totalidad de la producción y exportar capitales a piacere, en fin, construcciones legales de “zonas liberadas”.
En lo personal fue una enorme desilusión que se vetara. Escribí mi renuncia de corazón convencida que la decisión era un gran error que perjudicaba seriamente nuestro futuro. Lo que está sucediendo en nuestra cordillera es una vergüenza; empresas extranjeras están literalmente dinamitando nuestros glaciares, no hay ningún tipo de control, la pobreza es extrema mientras que a ojos de todos se están llevando nuestra riqueza a manos llenas...
- Uno de los argumentos de los que defienden este tipo de explotación es la recuperación de los pueblos cercanos y el nivel de empleo y desarrollo que generan…
- Seamos claros. La minería a gran escala no combate a la pobreza. Sólo basta ver la pobreza de Belén, la zona donde opera la Alumbrera, hace más de 10 años, para demostrar que este tipo de minería sólo beneficia a unos pocos. Los derechos de explotación de los yacimientos más importantes pertenecen a empresas extranjeras. No pagan impuestos. No es una actividad que genere empleo permanente, ni desarrollo. Incluso, la mayoría de los empleos generados se cubren con subsidios del gobierno, es decir, los salarios los pagamos vos y yo, no las empresas mineras.
Por otro lado, prefieren construir mineraloductos en vez de redes de ferrocarril, lo cual implicaría algún desarrollo para la zona. Literalmente sacan por un tubo la enorme cantidad de minerales que se llevan y ni siquiera se hacen cargo de sus residuos una vez que abandonan el país. La Argentina hasta toma créditos del Banco Interamericano de Desarrollo para limpiar la mugre que nos dejan. Es un verdadero saqueo.
- También le toco comenzar con las tareas del saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza por orden de la Corte Suprema de Justicia…
- El Plan de Riachuelo también fue importante. El hecho de que el Congreso, la Corte y el Ejecutivo se involucraran en la limpieza del Riachuelo fue muy relevante. Los argentinos no estamos acostumbrados a tener planes a largo plazo. Se necesitaran varios gobiernos para limpiar el Riachuelo y los funcionarios deberán responder legalmente por lo que hicieron y lo que no hicieron.
Durante mi gestión solicitamos el crédito más grande en la historia de América Latina para ambiente, U$ 800.000.000, hicimos obras que tenían más de 30 años de atraso, como redes de cloacas en La Matanza, desagües pluviales en la mayoría de los partidos más importantes de Riachuelo; pusimos en marcha la obra de limpieza de márgenes y espejo de agua. Lamentablemente cuando me fui, el crédito que era para el Riachuelo fue transferido al Ministerio de Planificación. (véase Logros alcanzados.)
- Durante su gestión se tomó la decisión de cerrar la planta que Shell posee en Dock Sud y usted manifestó que las presiones que habían tenido habían sido enormes. ¿Cuál era la situación de la petrolera? ¿La contaminación en el Riachuelo no se debe principalmente a la cantidad de PyMEs que vuelcan sus desechos directamente en la cuenca o a la falta de cloacas de gran parte de los municipios, entre otros y no por el accionar de compañías como Shell?
- La clausura de Shell se dio en el marco de la política control y fiscalización de Dock Sud, en cumplimiento del Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo. Ahora, no sólo se clausuró a Shell sino también a Petrobras e intimamos a YPF y promovimos el traslado de las industrias químicas como Dow Chemical con el fin de bajar también los niveles de riesgo en una zona densamente poblada.
La política de control ambiental que desarrollamos e implementamos contemplaba la realidad de que las empresas no podían ponerse al día en términos ambientales de la noche a la mañana, pero una vez otorgada las posibilidades y oportunidades para que se pusieran al día si no demostraban fehacientemente actos concretos de cambios e inversiones en tecnologías limpias se procedía a aplicar todo el rigor de la ley…
- ¿Ese era el caso de Shell?
- Estuvimos 15 días inspeccionando Shell, cuando decidimos cerrar la refinería y los depósitos era porque realmente habíamos agotado todas la instancias y la empresa se resistía arbitrariamente a cumplir con la legislación vigente. Lamentablemente tuvimos que clausurarla por varios días para que finalmente su CEO decidiera comprometer las inversiones en tecnología ambiental necesaria para evitar mayor contaminación. La presión fue enorme, pues es la mayor refinería de Shell en America Latina y se negaban a cumplir.
- Incluso usted declaró que había hablado con la ministra de Ambiente de Holanda ¿De qué se trato ese camino de colaboración institucional que usted mencionó?
- Uno de los mayores accionistas de Shell es la corona holandesa, yo personalmente de manera oficial informe de todo lo acontecido y enviamos copias de todas las ilegalidades incurridas por Shell al gobierno holandés. Considero que los gobiernos tienen la obligación de colaborar en el control de las multinacionales para evitar que se conduzcan de manera diferente en un país y en el otro. A partir de entonces, iniciamos tareas conjuntas, colaborando con información sobre las operaciones de Shell en ambos países.
- El auditor General de la Nación, Leandro Despouy, en la última audiencia pública para evaluar la ejecución del programa de Saneamiento del Riachuelo señaló, entre otro puntos, que ningún funcionario había hecho nada, y que sólo se pudo auditar el 8 por ciento del total del presupuesto. ¿La sorprendieron estas delaclaraciones?
- Cuando yo estaba en la Secretaria observamos con el Dr. Despouy que era necesario crear en el ámbito de la Auditoria General de la Nación una Unidad especial que auditara sólo Riachuelo. A los pocos meses de creada la Unidad yo me fui del gobierno. Lamento que no se haya permitido evaluar la ejecución del plan, el rol de la AGN es clave y absolutamente necesario.
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