A partir del informe publicado por María Marta Di Paola, especialista en Economía Ambiental de FARN, se analizan las inversiones en materia de protección y conservación de los recursos naturales versus actividades contrarias, es decir, que generan o podrían generar un impacto ambiental negativo en el marco del presupuesto nacional para el año que acaba de empezar. 

 

 

El presupuesto 2017 mantiene la tendencia de años previos con una prevalencia de fondos destinados a actividades con mayor impacto ambiental que aquellas tendientes a su conservación. Las medidas y programas que se presentan en el presupuesto son respuesta a externalidades negativas en el corto plazo, que derivan en un mayor impacto ambiental a largo plazo, ya que el mismo no es tomado en cuenta al monto de la instrumentación de las partidas presupuestarias.

Este año se destinará 0,5% para acciones compatibles con el cuidado del ambiente, por su parte el porcentaje se incrementa a 7,5% cuando se analizan las partidas presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en los recursos naturales, lo que resulta por cada $1 invertido en ambiente hay $16 que se destinan a cuestiones que podrían dañarlo.

Entre los servicios económicos, por cada peso que destina a cuestiones de ecología y ambiente, $24 son invertidos en cuestiones energéticas y $18 son destinados a temas asociados a transporte, con una tendencia decreciente respecto al 2016, donde los valores eran $29 y $19 respectivamente, con una situación que se diferencia del 2015 con la mitad de fondos a energía e incrementando 9 veces la participación del transporte. Por un lado bajan los gastos en Energía y Transporte, pero por el otro no crecen los destinados a Ambiente.

 

Gran parte de las partidas presupuestarias que impactan en el ambiente y los recursos naturales se destinan a la generación energética a través de formas consideradas no renovables, como combustibles fósiles, carbón y grandes hidroeléctricas así como también los subsidios. Por cada $1 del presupuesto nacional que se destina a energías renovables y eficiencia energética, se destinan $160 a cuestiones vinculadas a energías sucias, para destacar en el año declarado como de las energías renovables.

En cuanto a los bosques nativos, según su ley, el financiamiento debería ser de un mínimo del 0,3% del presupuesto nacional, sin embargo en 2017 sólo se presupuestó por un monto del 0,03% gracias al cumplimiento de la promesa de ampliación anunciadael primer día de marzo. A pesar de ello la sub-financiación del fondo de bosques se mantiene año tras año.

Por su parte, los glaciares carecen de fondos identificables como desde el inicio de este análisis en 2013. En cuanto a las acciones para el Inventario Nacional de Glaciares, al cual se destinaron $5 millones desde que comenzó su realización, en 2017 se identifica una partida presupuestaria para la realización de un mapeo y relevamiento geológico por $40 millones, destinando mayores fondos al mapeo geológico que al mapeo de glaciares.

En consonancia con el discurso oficial, las obras de infraestructura tienen una gran relevancia en el presupuesto 2017 muchas de ellas destinadas a la generación energética a través de vías nucleares o hidroeléctricas contando con el financiamiento de origen chino en su gran mayoría, quedando, en el año de las energías renovables, las mismas en el mismo lugar que años anteriores, el último. 

 

Un tema que genera preocupación es la proliferación de fondos fiduciarios para el manejo de fondos, si bien se establece que el jefe de gabinete de ministros deberá presentar un informe trimestral sobre su evolución, estos fondos se manejan por fuera de las normas que reglan al presupuesto nacional, lo que dificulta el control de su ejecución y puede favorecer la discrecionalidad en su uso.

Como aspecto a destacar para el 2017, en la Ley de presupuesto se incorpora un artículo que establece un plan de reformas del sistema presupuestario nacional, que apunta a mayor especificidad y detalles en su tratamiento con el objetivo de avanzar en materia de transparencia.

 

Lo que parece repetirse año tras año en el presupuesto es una tendencia a medidas cortoplacistas, con implicancias a largo plazo. Por ejemplo, al sub-ejecución del Plan de Manejo del Fuego o los menores fondos con los que cuenta el Plan Federal de Inundaciones pueden ser una evidencia de ello, en una época donde una parte de la región pampeana es afectada por el fuego (sur) mientras que otra (norte) por las inundaciones. Por su parte, respecto a las inundaciones, el Plan de Manejo de las Inundaciones, incluido en el Fondo de Infraestructura Hídrica, sólo representó el 19% de sus gastos.

También se evidencia una ausencia de transversalidad entre las medidas ambientales, el presupuesto y las políticas anunciadas. Por ejemplo, entre los propios objetivos de gobierno carecen de consonancia con medidas anunciadas en el INDC, en la cabeza de ello se encuentra el Yacimiento Rio Turbio, para la generación de energía con carbón, fuente de energía que debería tender a desaparecer en función a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.